Alfredo Correa de Andreis fue asesinado el viernes 17 de septiembre en Barranquilla, cuarta ciudad colombiana, en la costa Caribe. Su crimen: haber ejercido con pasión y libertad su oficio de profesor, haber llevado a cabo sus investigaciones sobre los desplazados, también víctimas de la violencia que abruma a Colombia. Dos hombres en moto, con caras descubiertas, asesinaron tranquilamente a Alfredo Correa y a su guardaespaldas, Edward Ochoa Martínez, en pleno día, en un barrio residencial de Barranquilla, a algunos metros de la estación de policía del Prado. Tuvieron tiempo incluso de robar el arma de Edward Ochoa. Alfredo Correa era sociólogo, antiguo rector de la Universidad del Magdalena, Miembro de la Red de Universidades por la Paz. Se desempeñaba como profesor en dos universidades, la Universidad del Norte y la Universidad Simón Bolívar.

Algunos meses antes, en junio, Alfredo Correa había sido denunciado por un guerrillero reinsertado que lo acusaba que ser el “Comandante Eulogio” de las FARC. Fue acusado por un informante, este nuevo héroe del régimen de “seguridad democrática” establecido por el presidente colombiano, Alvaro Uribe. Esta democracia donde cualquiera puede denunciar a su vecino, convirtiéndolo en un peligroso “terrorista” de la noche a la mañana. Como Alfredo Correa, quien pasó un mes en prisión, antes de que los jueces, incapaces de encontrar la menor prueba contra él, lo liberaran. Pero ya se había vuelto el blanco de los “organismos al margen de la ley” bajo todas sus formas: legales o ilegales, autodefensas o “soldados campesinos”. Crimen de Estado piensan algunos -sin atreverse a gritarlo ya que la palabra es un privilegio de alto riesgo en Colombia-; y si no es el caso, es quizá más preocupante que existan actores capaces de imponer su propia “justicia” en absoluta impunidad. Como fuere, el Estado colombiano ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (16 000 euros), como si la delación fuera ahora la nueva norma de funcionamiento de la democracia.

Más allá de la imagen de pacificación transmitida por los medios de comunicación nacionales, obsequiosos con el gobierno y cuya versión es retomada frecuentemente por los medios de comunicación internacionales, el asesinato de Alfredo Correa es un síntoma del clima de terror que golpea a Colombia y que se evidencia en los asesinatos selectivos dirigidos contra los líderes políticos, sindicales, culturales, étnicos e intelectuales. Los colombianos tienen miedo, nuestros colegas universitarios tienen miedo de utilizar la palabra, su única arma en un conflicto que no termina. Ahora, tienen miedo también de su vecino.

Nosotros, universitarios, investigadores, estudiantes, sindicalistas, miembros de ONG, periodistas, etc. del mundo entero, no podemos quedarnos en silencio ante este asesinato, y queremos enviar una fuerte señal de solidaridad a nuestros colegas colombianos.

Exigimos que el Estado colombiano condene y aclare este crimen, y que desmonte las medidas de redes de informantes y pago de recompensas a encapuchados, medidas que amenazan el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.

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